La sostenibilidad en el transporte marítimo de mercancías es uno de los grandes retos del sector, que, además, desde este año se ha convertido en una obligación legal. El 30 de septiembre, las empresas navieras que operan en la Unión Europea, Islandia o Noruega, hicieron el primer pago correspondiente a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, enmarcado en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. En total, unos 2.900 millones de dólares, según el análisis de la consultora Drewry, como resultado de los 90 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2024 por los casi 13.000 buques que reportaron datos a la plataforma de seguimiento, notificación y verificación de emisiones.

¿Qué es el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE?
Desde 2018, los operadores marítimos están obligados a hacer el seguimiento de las emisiones de gases contaminantes de sus barcos y a notificarlas. Con el objetivo de promover la sostenibilidad en el transporte marítimo de mercancías, la UE aprobó en mayo de 2023 el Reglamento 2023/957, que modificaba el Reglamento 2015/757 para incorporar el transporte marítimo al régimen de comercio de derechos de emisión comunitario desde enero de 2024.
Mediante este sistema, que opera desde 2005 como el primer mercado de carbono del mundo, las empresas deben monitorear y reportar sus emisiones contaminantes, limitadas legalmente. Las que al cabo del año no llegan al tope permitido pueden vender el excedente, y las que prevén superarlo pueden comprar en subasta derechos de emisión adicionales. Aquellas que no actúan de acuerdo con el mecanismo se arriesgan a recibir fuertes multas. Los derechos de emisión recaudados se reparten entre los estados miembros para financiar el desarrollo de políticas que contribuyan a la transición ecológica.
Los objetivos de la UE respecto a las emisiones contaminantes se endurecen progresivamente, de forma que, tras la revisión de 2023, pretenden alcanzar en 2030 una reducción del 62 % respecto a los niveles de 2005.
Incorporación progresiva al sistema de control de emisiones
La incorporación de las empresas navieras al sistema se lleva a cabo de forma progresiva. Anualmente, deben entregar un informe verificado de emisiones de cada uno de los buques a partir las 400 toneladas brutas y otro con los datos agregados por empresa. En este primer año, que contempla las emisiones de 2024, están gravadas el 40 %. El año que viene, la cantidad aumentará al 70 %; mientras que a partir de 2027 las empresas deberán pagar por el 100 % de las emisiones.
Teniendo en cuenta que el precio actual de la tonelada de CO2 emitida es de 70 euros, Drewry advierte que, con el mismo nivel de emisiones contaminantes, las navieras deberán pagar 7.500 millones de dólares en 2027. Hay que tener en cuenta que la situación geopolítica internacional ha obligado a los buques de transporte marítimo de mercancías a seguir rutas más largas para evitar el Canal de Suez, lo que ha llevado a un aumento del 14 % de las emisiones.
El 34 % del total corresponden a barcos portacontenedores, aunque solo representan el 16 % de la flota. De promedio, cada portacontenedores debe pagar 0,5 millones de dólares por las emisiones de CO2, mientras que los buques RoPax y los de pasajeros asumen el doble.
Sostenibilidad en el transporte marítimo de mercancías
La nueva carga impositiva está llevando a las principales empresas navieras a ofrecer servicios más ecológicos, con el fin de abaratar los envíos y de contribuir a la sostenibilidad en el transporte marítimo de mercancías.
El respeto al medio ambiente y el impulso de prácticas que ayuden a combatir el cambio climático forman parte de los valores fundacionales de Startrans. Contamos con una política de sostenibilidad, comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que contempla entre sus principios generales promover la acción climática fomentando la reducción de gases de efecto invernadero en el desarrollo de nuestra actividad.
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