¿Qué papel cumplen las regulaciones internacionales que afectan a los puertos marítimos? Teniendo en cuenta que en torno al 80 % del comercio mundial de mercancías viaja por mar y que, por tanto, cada contenedor que entra o sale de un puerto atraviesa un entramado de normas internacionales sobre seguridad, medio ambiente y aduanas, conocerlas es, además de una obligación legal, fundamental para cumplir con los plazos de entrega, gestionar el coste del flete y evitar que la carga quede retenida en el muelle.
El Convenio SOLAS sobre seguridad en el transporte marítimo
El Convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional (OMI) es la base de la seguridad en el transporte marítimo. De él deriva el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), una de las regulaciones internacionales que afectan a los puertos marítimos más significativas, pues les obliga a controlar accesos, inspeccionar cargas y aplicar planes de protección.
Para el exportador, la exigencia más visible de SOLAS es la masa bruta verificada (VGM), que establece que ningún contenedor puede embarcarse sin que el expedidor haya declarado su peso verificado. Se trata de algo más que un trámite, pues indicar un dato erróneo o hacerlo fuera de plazo significa que la carga se queda en tierra. Es por ello que, a la hora de gestionar envíos por mar, resulta tan importante contar con el apoyo de un socio experto en el transporte marítimo de mercancías, como es el caso de Startrans.
El Código IMDG para mercancías peligrosas
Entre las regulaciones internacionales que afectan a los puertos marítimos, el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) es la que rige la manera de operar con los productos químicos, baterías de litio, aerosoles o determinados líquidos a granel. La norma establece cómo deben clasificarse, embalarse, etiquetarse y documentarse, así como las incompatibilidades de estiba a bordo. Un error en la declaración puede suponer el rechazo del embarque o sanciones en el puerto de destino.
Medio ambiente: un marco cada vez más exigente
El cuidado del medio ambiente es una materia cada vez más relevante en cuanto a las regulaciones internacionales que afectan a los puertos marítimos. Por ejemplo, el Anexo VI del Convenio MARPOL limita desde 2020 el contenido de azufre del combustible marino al 0,5 % a nivel mundial. En cuanto al tránsito por el Mediterráneo, es zona de control de emisiones desde mayo de 2025, con un límite del 0,1 %.
En la Unión Europea, el transporte marítimo forma parte del régimen de comercio de derechos de emisión (EU ETS) desde 2024. Una de las obligaciones principales que establece es que desde 2026 las navieras deben cubrir el 100 % de sus emisiones sujetas al sistema. A ello se suma el Reglamento FuelEU Maritime, en vigor desde 2025, que exige reducir progresivamente la intensidad de gases de efecto invernadero de la energía utilizada a bordo. Estas obligaciones se trasladan a los fletes en forma de recargos medioambientales que, por tanto, conviene prever en el momento de presupuestar un envío.
A escala global, el Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI continúa pendiente de adopción formal. Tras el aplazamiento de la votación anterior, la próxima está prevista para diciembre de 2026. En cualquier caso, aunque se apruebe, la normativa no se aplicaría antes de 2028.
El papel de las aduanas en las regulaciones internacionales
De las regulaciones internacionales que afectan a los puertos marítimos, el Código Aduanero de la Unión Europea es clave, ya que regula la entrada y salida de mercancías de la UE. Con la entrada en vigor del sistema de control de la importación ICS2, los operadores deben presentar la declaración sumaria de entrada (ENS) antes de que la mercancía llegue a la UE, y en el caso de los contenedores en rutas de larga distancia antes incluso de su carga en el puerto de origen. Entre los datos que han de constar en el documento, se incluyen el código arancelario de seis dígitos y el número EORI del destinatario. La información incompleta o inexacta puede derivar en retenciones, inspecciones adicionales y costes de almacenaje imprevistos.
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